Cárcel para Mocoa
Tras la avalancha en 2017, han pasado tres años y aún el municipio sigue sin centro carcelario.
Fuente: INPEC
Una cárcel
sin reclusos
Entre la boscosa selva amazónica del Putumayo se alzan los muros de la cárcel que alberga el menor número de presos en Colombia. El silencio es el único reo que cumple condena en las celdas del Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa, y no es porque tenga escasez de personas que violan la ley, por el contrario, es la consecuencia de no mitigar un riesgo inminente posterior al desastre natural y la falta de gestión de una larga lista de entidades gubernamentales.
Fachada de la cárcel de Mocoa, que a la fecha no alberga reclusos, debido al cierre preventivo que se dio en el año 2018. Foto: Michelle Pérez
El terreno de aproximadamente cuatro hectáreas está distribuído en dos secciones: la parte antigua y la más reciente, tal como la describen sus antiguos guardias. La primera contaba con cuatro apartados conjuntos, con cupo real para alrededor de 140 presos, cifra que siempre se mantenía al doble de su capacidad. La segunda parte de la cárcel, la más reciente en ser construída, albergaba a un promedio de 400 personas, distribuidas en un patio de mediana seguridad y otro especial para población femenina.
Las celdas, construidas inicialmente para dos personas, pero ocupadas por cuatro o hasta cinco reclusos, constan de dos planchones de cemento, un baño y un lavadero. Curiosamente, pese a las evidentes condiciones de hacinamiento, la relación entre los reclusos se mantenía, según los mismos guardias, entre el orden y la disciplina.
¿Una avalancha
que se llevó a
la justicia?
Más de mil cien días han pasado desde que ocurrió el desastre natural en Mocoa, la noche del 31 de marzo de 2017; la misma cantidad de días que el municipio y el departamento han estado a la espera de una nueva cárcel para aquellas personas que cometieron actos delictivos.
Así afectó la avalancha a la cárcel de Mocoa en 2017.
Esta situación afectó no solo a los 690 presos de ese entonces del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mocoa, sino también a sus familiares, los 90 guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que trabajaban allí y, en consecuencia, a la seguridad, el comercio y la calidad de vida de todo el departamento.
¿Por qué no
abren la cárcel?
Muro perimetral de la cárcel de Mocoa. Foto: Michelle Pérez
Corpoamazonía, la corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía, encargada de disminuir los conflictos ambientales y orientar procesos que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, emitió una recomendación al INPEC sugiriendo obras de mitigación de riesgo, pues no era la primera vez que el muro perimetral de la cárcel se había caído; de no acatar las recomendaciones preventivas, el centro reclusorio debería cesar actividades.
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Al no tener otra opción, el INPEC cerró la cárcel y comenzó la reubicación de los internos a otras unidades penitenciarias del país, con el compromiso de hacer las correspondientes adecuaciones, o en su defecto, buscar un predio apto para la construcción de una nueva cárcel.
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Infortunadamente, las familias de los internos de Mocoa no perciben avances por parte de ninguna institución, que den alguna luz de esperanza para el retorno de los reclusos.
Jhon Jairo Imbachi López - Alcalde de Mocoa
Menciona los inconvenientes que han surgido actualmente para el avance en la compra de los predios de la nueva cárcel
Torre de vigilancia inutilizada, por la ausencia de los reos en la cárcel de Mocoa . Foto: Michelle Pérez
Un trasteo obligatorio...
Durante los 18 meses posteriores al desastre natural, los reclusos fueron reubicados en su totalidad en centros penitenciarios a nivel nacional. Pitalito, Popayán, Montería, Villavicencio, Bogotá, Jamundí, Palmira y Cali, por dar algunos ejemplos, fueron las ciudades a donde llegaron los reclusos, aumentando así las cifras de hacinamiento ya existentes en el país.
Así está el porcentaje de ocupación de centros de reclusión en Colombia durante el año 2020.
Entre el 100% y el 200%
Mayor al 200%
Menor al 100%
​Si bien es cierto que toda persona que comete un delito debe pagar cárcel, independientemente de la ciudad que le asignen, en estos casos resultan perjudicados, de igual forma, las familias de los reos y los guardias de seguridad que ya se encontraban allí ubicados.
Hernán Erazo - Guardia jubilado del INPEC
Rocío* e Iván**, fuentes que se llamarán así para proteger su identidad, comparten el mismo drama nacido a raíz de la ausencia de la cárcel.
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La primera, residente de la capital de Putumayo, madre de un recluso oriundo de Mocoa, se vio aún más separada de su hijo al no poder asistir a las visitas periódicas que atendía cada 15 días. Debido a sus condiciones económicas, pagar transporte o incluso alojamiento en la ciudad de Pitalito para poder ver más seguido a su hijo, resultó imposible.
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Del otro lado se encuentra Iván**, un guardia jubilado del INPEC que se vio obligado a separarse de su familia para cumplir su labor con el Estado y asimismo haber sido trasladado del centro reclusorio de Mocoa, hasta Pitalito.
Rocío * - Madre de un interno oriundo de Mocoa.
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Comenta las dificultades que le ha traído la reubicación de su hijo a la cárcel de Pitalito
Iván** - Guardia jubilado del INPEC
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Comenta las dificultades que le trajo el traslado a Pitalito para seguir cumpliendo con su función
* Por solicitud de la fuente se ha cambiado el nombre y la voz original.
** Por solicitud de la fuente se ha cambiado el nombre y la voz original.
Muro perimetral de la cárcel de Mocoa. Foto: Michelle Pérez
Tolerancia carcelaria
Para enero del 2017, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 690 personas se encontraban recluidas en la cárcel de Mocoa, establecimiento con capacidad para 360, lo que generó un porcentaje de hacinamiento del 91.6%. De esta manera, una celda que era para dos personas, terminó convirtiéndose en una para cinco.
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Esta situación se vio obligada a cambiar con lo ocurrido la noche del 31 de marzo y la mañana del 1 de abril, pues desde el día cero, la cifra de hacinamiento descendió al 6.39%, y al cerrar el año, la cárcel contaba con 356 reclusos, cuatro menos de la capacidad normal. Cabe resaltar que para el 3 de septiembre de 2018 fue reubicado el último grupo de reclusos.
Fuente: INPEC
Así, con el paso del tiempo, los reclusos fueron trasladados a diferentes cárceles del país, entre estas, Pitalito, Hulia, donde la convivencia era hostil entre los antiguos internos y los foráneos que venían a ocupar el poco espacio que quedaba en dicho centro de reclusión, el cual a día de hoy ya no se encuentra en capacidad de recibir más presos.
Hernán Erazo - Guardia jubilado del INPEC
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Destaca la buena convivencia que se presenciaba dentro del penal de Mocoa.
Iván** - Guardia jubilado del INPEC
Asegura que desde que esto ocurrió la relación entre guardia-recluso también se vio reflejada en esta cadena de hechos.
** Por solicitud de la fuente se ha cambiado el nombre y la voz original.
Sin cárcel, se juega a favor de los bandidos
El Putumayo es uno de los departamentos más grandes de Colombia, teniendo una población estimada de 363.967 personas, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). No tener un centro penitenciario, no solo afecta a las familias de los reclusos y los guardias del INPEC, sino también a la seguridad de toda una ciudadanía.
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Aunque la percepción de la población del municipio es optimista frente a la seguridad, “sin cárcel, se juega a favor de los bandidos”, sentencia Iván* al referirse a las consecuencias que ha traído esta incierta situación. Ejemplo de ello, es la captura de un delincuente y su correspondiente judicialización, la cual según fuentes consultadas, termina siendo un retroceso, pues la Fuerza Pública que se debe usar para vigilar al departamento, termina poniéndose a disposición del transporte de condenados hacia la cárcel de Pitalito, en Huila. De esta manera se desprotege la ciudadanía ante la inseguridad.
Coronel Gélvez - Policía activo de Mocoa
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Declara que la fuerza pública debe redistribuirse, en el caso de trasladar a un preso o sindicado para su juicio o reclusión.
Jhon Jairo Imbachi López - Alcalde de Mocoa
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Expone la situación del traslado de delincuentes de Mocoa hacía la cárcel de Pitalito, la cual solo recibe nuevos internos en días específicos
¿Quién está
gestionando
la cárcel?
Durante los tres años posteriores a la avalancha, la falta de articulación interinstitucional ha reflejado notables demoras en la consecución de resultados contundentes. A su vez, el 2020 parece ir por el mismo camino; lleno de trabas y pretextos relacionados con el Covid-19 que caen como anillo al dedo para seguir postergando una solución.
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Con la llegada de la nueva Alcaldía, comandada por Jhon Jairo Imbachi, fueron renovadas las esperanzas de toda una ciudadanía que sigue a la espera de la reapertura de la cárcel. Sin embargo, por nuevo que parezca, el tema carcelario está presente en la agenda, pues en el Plan de Desarrollo de Mocoa 2020 mencionan la necesidad del centro de reclusión, señalando una inversión de 10 millones de pesos como aporte para la consecución del terreno a construir, y otros $10.000.000 COP para cupos penitenciarios y carcelarios.
Según Imbachi, ya se entregó el concepto de viabilidad de uso para uno de los predios destinados a la construcción del nuevo centro penitenciario, el cual fue visitado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres - UNGRD. Sin embargo, las demoras se presentan por parte de la UNGRD, al no iniciar los estudios y diseños requeridos, que tienen como plazo de ejecución finales de junio de 2020.
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Por su parte, la USPEC, siendo la entidad encargada de la gestión y operación del suministro de bienes, servicios e infraestructura del INPEC, reafirma parte de la declaración de Imbachi, donde menciona que 17 meses después del cierre definitivo de la cárcel “se realiza la visita al predio ‘El Naranjito’, donde se dio viabilidad por el componente catastral teniendo en cuenta que el predio cumple con las características mínimas requeridas para la construcción de un nuevo ERON (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional)”.
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Sin embargo, USPEC se mantiene a raya con la construcción del nuevo predio -a pesar de contar con $236.411.297.109 COP destinados para la infraestructura- hasta que se haga la entrega del inmueble a nombre del INPEC, ya que el predio ‘El Naranjito’ cuenta con la viabilidad por parte de la USPEC. De otra manera, se intentó contactar al INPEC, pero no emitieron respuesta alguna al día 10 de junio de 2020.
Postee su opinión sobre la situación que vive Mocoa y la falta de cárcel, utilizando el hashtag #CárcelParaMocoa
Fachada de la cárcel de Mocoa. Foto: Michelle Pérez
¿Y la cárcel
para cuándo?
La crisis carcelaria de Mocoa es una responsabilidad de la que nadie quiere hacerse cargo. Las entidades se ubican en un círculo vicioso donde todos ceden su turno en la resolución del problema que acoge al municipio del Putumayo. Toda esta situación termina resumida en una sola pregunta: ¿para cuándo la reactivación o reubicación de la cárcel?
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Las soluciones son claras. Por un lado, realizar las obras de mitigación para que se ponga en funcionamiento temporal el actual centro de reclusión y por el otro, iniciar las obras para la nueva cárcel en el predio ‘El Naranjito’. No obstante, la realidad es otra: falta de articulación.
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Durante los más de tres años que lleva esta situación, la Alcaldía de Mocoa, la USPEC, el INPEC y otras instituciones involucradas no han hecho más que pasar el problema de mano en mano postergando así una situación que la comunidad no merece sufrir.
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Resulta paradójico que la ausencia de un centro reclusorio termina condenando a las instituciones involucradas por hacer de oídos sordos a las súplicas de los reos y sus familiares que se ven, tristemente, separados no sólo por los barrotes, sino también por la frustrante distancia. De esta manera, la sentencia que se debería otorgarse es: cárcel para Mocoa.